la tardia demolicion de las piramides

¿Por qué hubo que esperar a que en un reciente consejo comunitario se denunciaran los hechos para que se tomaran medidas?
Me sorprendió la manera tardía como el gobierno resolvió actuar frente al fenómeno de las pirámides. Las pedreas de ciudadanos desesperados en Zipaquirá que se transmitieron recientemente por televisión son una patética imagen de lo que está sucediendo en todo el país. Las llamadas “pirámides” llevan más de dos años tumbando gente incauta a diestra y siniestra. Y lo que es más grave: lo vienen haciendo a la luz del sol, con avisos públicos, con colas de ingenuos al frente de sus dependencias, con denuncias de los medios de comunicación desoídas por las autoridades. Algunas dependencias gubernamentales adujeron inicialmente que no podía hacer nada dizque porque los contratos estaban redactados de tal manera que encubrían -bajo formas legales esquivas- la captación masiva del ahorro público. Después comenzó el juego de pelota entre ellas alegando cada una que no tenían claras competencias para actuar. Hace algunos días durante un consejo comunitario alguien parece que le mencionó el asunto al presidente Uribe. Y entonces ahí sí se prendieron las alarmas. En el mismo fragor del consejo comunitario el Presiente ordenó a sus ministros que actuaran para reprimir el abuso que se venía cometiendo con el ahorro público. Los ministros volaron a actuar -ahora sí- ante el apremio presidencial. Pero con dos años de tardanza. A propósito: ordenar esto en mitad de un consejo comunitario proporciona una idea de la manera improvisada como se vienen adoptando muchas políticas públicas en el país. Resulta interesante analizar el camino que escogió el gobierno para dar cumplimiento a la acalorada directiva presidencial. ¿Lanzando una inmediata redada contra los captadores ilegales de ahorro público? ¿Deteniendo a los cabecillas de las pirámides ampliamente conocidos? ¿Judicializando los casos ya denunciados de pirámides ilegales? ¿Incautando los bienes amasados por unos vivos? ¿Movilizando las autoridades encargadas de reprimir el lavado de activos? No: El gobierno reaccionó presentando un proyecto de ley. Prohibiendo lo que ya estaba prohibido. Y elevando unos cuantos meses las penas para quienes captan ahorro del público sin contar con permiso de autoridad competente. Desde el año 1982 se expidió el decreto 2920 por el cual la administración Betancur catalogó como delito la captación habitual y masiva del ahorro público. Esta norma ha sido modificada en varias ocasiones, la última de las cuales es el actual Código Penal que en su artículo 316 castiga con pena privativa de la libertad con un mínimo de 32 meses y un máximo de 108 meses la captación irregular de ahorro público. Lo que hace ahora el gobierno (en vez de actuar con base a la legislación que está vigente) es proponer un proyecto de ley por el cual se aumenta la pena mínima a 61 meses y la máxima a 144 meses. Y reiterar (lo que también ya está autorizado) que las autoridades encargadas de controlar el lavado de activos puedan investigar a quienes participen en las operaciones de las pirámides. Pero las preguntas obvias son: ¿Por qué, habiendo legislación vigente, abundante y perentoria frente a las pirámides, el gobierno no actuó contundentemente desde un comienzo? ¿Por qué hubo que esperar a que en un reciente consejo comunitario se denunciaran los hechos para que se tomaran medidas? ¿Y por qué, en vez de aplicar diligentemente la norma vigente del Código Penal, el gobierno prefiere remitir el problema al Congreso para que éste haga cambios a las leyes que están vigentes desde hace 26 años?