martes, 30 de septiembre de 2008
Circo político y retroceso económico
La última encuesta de opinión empresarial de la ANDI parece confirmar que la desaceleración de la economía es un hecho. Varios sectores industriales muestran estancamiento o crecimiento negativo. Subsectores tradicionales como cuero, textiles, hierro y acero, y vehículos automotores registran caídas en la producción y en las ventas. El agregado del sector industrial puede haber sufrido un retroceso durante los primeros siete meses del año del orden del 0.2 por ciento en producción y 0.4 en ventas en comparación con el año anterior. El desempleo va otra vez en aumento. La situación, que es preocupante, parece que tiene al ministro de hacienda con los pelos de punta. En Manizales dio un informe alarmante sobre el estado de la economía (calificado como un “desastre” por un noticiero de radio local). Reconoció que los resultados de julio son muy malos y declaró que no había esperado una caída tan grande de la producción. El presidente de la ANDI también está alarmado. El impulso que tomó la economía en 2007 fue flor de un día. Lo malo es que la ANDI y el gobierno han decidido achacarle la responsabilidad por la desaceleración al Banco de la República, por el aumento de las tasas de interés. Este diagnóstico es equivocado. Un interesante artículo de Mauricio Cabrera que apareció en Portafolio a principios de la semana pasada dice que la tasa de interés real es apenas del orden del 2 por ciento y que ese nivel de tasa de interés real difícilmente puede afectar negativamente la producción. Esta es quizás la mejor respuesta que se le puede dar a las declaraciones del Presidente de la ANDI contra el Banco. Por otra parte no se debe olvidar que el Banco tiene la obligación de tomar medidas para controlar la inflación y que lo ha hecho con prudencia, pero con firmeza (ANIF está hablando de un aterrizaje suave, y posiblemente lo vamos a lograr). Quizás hubiera sido mejor que el gobierno y el Banco se hubieran puesto de acuerdo y que la tasa de interés real y el gasto fueran menores, pero echarle la culpa al Banco es aventurado. El ajuste obedece por una parte a factores externos y por otra a que variables como el consumo y el gasto de las familias estaban creciendo muy aceleradamente, alimentadas por el crédito. Ese crecimiento no es sostenible. La gente compró todo lo que pudo el año pasado y este año ha tenido que apretarse el cinturón. La inversión, que también creció mucho en 2007, no ha crecido al mismo ritmo este año. Afortunadamente, para que el crecimiento no caiga por debajo del 4 por ciento anual, hemos continuado alimentando el consumo de Venezuela y exportamos petróleo carbón y otros bienes básicos con muy buenos precios. Las exportaciones van a ser un factor clave para que la demanda no caiga tanto. El sector agropecuario parece estar reaccionando también gracias a los aumentos de precios de los alimentos y otros bienes básicos de origen agropecuario que están impulsando la producción. de la agricultura. Pero la gran pregunta es ¿qué sigue de aquí en adelante? Y el problema es que el gobierno parece no tener ni idea o que no le importa. Está concentrado en política y en circo, y le está prestando poca atención a la economía. El Presidente, que lleva seis años en campaña, va a seguir en eso. Lo malo es que para el largo plazo la economía requiere no solamente atención sino un gran esfuerzo para concebir un plan y crear un consenso alrededor del cual se garantice una continuidad. Nadie parece estar en ese tema.
Circo político y retroceso económico
La última encuesta de opinión empresarial de la ANDI parece confirmar que la desaceleración de la economía es un hecho. Varios sectores industriales muestran estancamiento o crecimiento negativo. Subsectores tradicionales como cuero, textiles, hierro y acero, y vehículos automotores registran caídas en la producción y en las ventas. El agregado del sector industrial puede haber sufrido un retroceso durante los primeros siete meses del año del orden del 0.2 por ciento en producción y 0.4 en ventas en comparación con el año anterior. El desempleo va otra vez en aumento. La situación, que es preocupante, parece que tiene al ministro de hacienda con los pelos de punta. En Manizales dio un informe alarmante sobre el estado de la economía (calificado como un “desastre” por un noticiero de radio local). Reconoció que los resultados de julio son muy malos y declaró que no había esperado una caída tan grande de la producción. El presidente de la ANDI también está alarmado. El impulso que tomó la economía en 2007 fue flor de un día. Lo malo es que la ANDI y el gobierno han decidido achacarle la responsabilidad por la desaceleración al Banco de la República, por el aumento de las tasas de interés. Este diagnóstico es equivocado. Un interesante artículo de Mauricio Cabrera que apareció en Portafolio a principios de la semana pasada dice que la tasa de interés real es apenas del orden del 2 por ciento y que ese nivel de tasa de interés real difícilmente puede afectar negativamente la producción. Esta es quizás la mejor respuesta que se le puede dar a las declaraciones del Presidente de la ANDI contra el Banco. Por otra parte no se debe olvidar que el Banco tiene la obligación de tomar medidas para controlar la inflación y que lo ha hecho con prudencia, pero con firmeza (ANIF está hablando de un aterrizaje suave, y posiblemente lo vamos a lograr). Quizás hubiera sido mejor que el gobierno y el Banco se hubieran puesto de acuerdo y que la tasa de interés real y el gasto fueran menores, pero echarle la culpa al Banco es aventurado. El ajuste obedece por una parte a factores externos y por otra a que variables como el consumo y el gasto de las familias estaban creciendo muy aceleradamente, alimentadas por el crédito. Ese crecimiento no es sostenible. La gente compró todo lo que pudo el año pasado y este año ha tenido que apretarse el cinturón. La inversión, que también creció mucho en 2007, no ha crecido al mismo ritmo este año. Afortunadamente, para que el crecimiento no caiga por debajo del 4 por ciento anual, hemos continuado alimentando el consumo de Venezuela y exportamos petróleo carbón y otros bienes básicos con muy buenos precios. Las exportaciones van a ser un factor clave para que la demanda no caiga tanto. El sector agropecuario parece estar reaccionando también gracias a los aumentos de precios de los alimentos y otros bienes básicos de origen agropecuario que están impulsando la producción. de la agricultura. Pero la gran pregunta es ¿qué sigue de aquí en adelante? Y el problema es que el gobierno parece no tener ni idea o que no le importa. Está concentrado en política y en circo, y le está prestando poca atención a la economía. El Presidente, que lleva seis años en campaña, va a seguir en eso. Lo malo es que para el largo plazo la economía requiere no solamente atención sino un gran esfuerzo para concebir un plan y crear un consenso alrededor del cual se garantice una continuidad. Nadie parece estar en ese tema.
¿Es posible una consulta uribista?
O Luis Guillermo Giraldo no es tan zorro como se creía, o lo es mucho más, pues mandó la reelección de Uribe para 2018. Aunque varios congresistas proponen cambiar esa redacción y se están preparando para pasarle un paquete chileno a casi cuatro millones de firmantes, no les va a quedar fácil hacerlo, y si lo hacen van a quedar a merced de la Corte Constitucional.
El Presidente les ha propuesto a sus seguidores que está dispuesto a hacerse a un lado si ellos logran ponerse de acuerdo en un candidato de unidad para 2010. Algunos que creen que Uribe está jugando, esta vez a que sus alfiles no se ponen de acuerdo, pero también es posible que crea que la pregunta que se sometería a referendo quedó mal redactada, lo que no permitiría que se postule para 2010, porque dice que puede ser reelegido para un tercer período solamente quien haya ejercido la Presidencia por dos períodos constitucionales consecutivos, requisito con el que no cumpliría sino después de agosto de ese año. Tambi én se está discutiendo si es válido que se cambie la Constitución para favorecer a una persona específica o para excluir a priori a sus contendores. Pero lo más importante es que la redacción de la pregunta del referendo, como quedó, no permitiría la reelección en 2010. O Luis Guillermo Giraldo no es tan zorro como se cre ía, o lo es mucho más, pues mandó la reelección de Uribe para 2018. Aunque varios congresistas proponen cambiar esa redacción y se están preparando para pasarle un paquete chileno a casi cuatro millones de firmantes, no les va a quedar fácil hacerlo, y si lo hacen van a quedar a merced de la Corte Constitucional. Entonces es natural que el Presidente est é explorando un plan B, en caso de no poder aspirar él mismo para el próximo período. Es irrelevante si lo está haciendo en serio o para las galerías porque, hecho el ofrecimiento, ya le pasó la pelota a los que aspiran a la presidencia en su coalición política. Curiosamente, Santos, Vargas Lleras, Noemí y Holguín, a quienes él señaló hace poco como posibles candidatos no han reaccionado, y parecen dispuestos a dejar pasar la oportunidad. Pero Marta Lucía Ramírez, senadora de la U, ha proclamado su interés y ha propuesto que se haga una consulta popular para seleccionar al candidato de unión. Entre las alternativas disponibles, la consulta es posiblemente el mecanismo m ás democrático puesto que sería el pueblo que simpatiza con Uribe el que seleccionaría a su sucesor, sin dar lugar a discusiones o a favoritismos. Además, si se adoptara desde ahora, quedaría dirimida la sucesión y podría descartarse de una vez la reelección en 2010, aunque la consulta se lleve a cabo más tarde y quede pendiente seleccionar al sucesor. En principio, eso les conviene a todos los aspirantes uribistas aunque crean tener mejores opciones, pero a Uribe quién sabe si le guste dejar de ser el centro de la atención. A los conservadores les atrae la idea porque ellos pesan dentro de la coalici ón. Pero no tienen un candidato con atractivo popular suficiente para hacer efectiva esa ventaja, a menos que Noemí fuera su candidata. Y no sería fácil que los jefes del partido y los otros aspirantes conservadores le facilitaran el camino. A ella quién sabe si le llame la atención, por otra parte, pues tiene sus propios votos, por lo menos en teoría. A Santos le resultaría mejor un mecanismo de consenso con “dedazo” de Uribe, y debe estar agazapado, esperando. A Vargas Lleras le podría convenir la consulta, si Noemí no entra. Pero puede pensar que, si de todas maneras el referendo posterga la candidatura de Uribe para 2014 o para 2018, de pronto le resulta mejor esperar, u otra consulta. Aunque parezca irracional, lo m ás probable es que los dirigentes uribistas dejen pasar la oportunidad para que se concluya que el presidente no tiene reemplazo, y el gobierno siga perdiendo el tiempo buscando la fórmula para reelegirlo.
El Presidente les ha propuesto a sus seguidores que está dispuesto a hacerse a un lado si ellos logran ponerse de acuerdo en un candidato de unidad para 2010. Algunos que creen que Uribe está jugando, esta vez a que sus alfiles no se ponen de acuerdo, pero también es posible que crea que la pregunta que se sometería a referendo quedó mal redactada, lo que no permitiría que se postule para 2010, porque dice que puede ser reelegido para un tercer período solamente quien haya ejercido la Presidencia por dos períodos constitucionales consecutivos, requisito con el que no cumpliría sino después de agosto de ese año. Tambi én se está discutiendo si es válido que se cambie la Constitución para favorecer a una persona específica o para excluir a priori a sus contendores. Pero lo más importante es que la redacción de la pregunta del referendo, como quedó, no permitiría la reelección en 2010. O Luis Guillermo Giraldo no es tan zorro como se cre ía, o lo es mucho más, pues mandó la reelección de Uribe para 2018. Aunque varios congresistas proponen cambiar esa redacción y se están preparando para pasarle un paquete chileno a casi cuatro millones de firmantes, no les va a quedar fácil hacerlo, y si lo hacen van a quedar a merced de la Corte Constitucional. Entonces es natural que el Presidente est é explorando un plan B, en caso de no poder aspirar él mismo para el próximo período. Es irrelevante si lo está haciendo en serio o para las galerías porque, hecho el ofrecimiento, ya le pasó la pelota a los que aspiran a la presidencia en su coalición política. Curiosamente, Santos, Vargas Lleras, Noemí y Holguín, a quienes él señaló hace poco como posibles candidatos no han reaccionado, y parecen dispuestos a dejar pasar la oportunidad. Pero Marta Lucía Ramírez, senadora de la U, ha proclamado su interés y ha propuesto que se haga una consulta popular para seleccionar al candidato de unión. Entre las alternativas disponibles, la consulta es posiblemente el mecanismo m ás democrático puesto que sería el pueblo que simpatiza con Uribe el que seleccionaría a su sucesor, sin dar lugar a discusiones o a favoritismos. Además, si se adoptara desde ahora, quedaría dirimida la sucesión y podría descartarse de una vez la reelección en 2010, aunque la consulta se lleve a cabo más tarde y quede pendiente seleccionar al sucesor. En principio, eso les conviene a todos los aspirantes uribistas aunque crean tener mejores opciones, pero a Uribe quién sabe si le guste dejar de ser el centro de la atención. A los conservadores les atrae la idea porque ellos pesan dentro de la coalici ón. Pero no tienen un candidato con atractivo popular suficiente para hacer efectiva esa ventaja, a menos que Noemí fuera su candidata. Y no sería fácil que los jefes del partido y los otros aspirantes conservadores le facilitaran el camino. A ella quién sabe si le llame la atención, por otra parte, pues tiene sus propios votos, por lo menos en teoría. A Santos le resultaría mejor un mecanismo de consenso con “dedazo” de Uribe, y debe estar agazapado, esperando. A Vargas Lleras le podría convenir la consulta, si Noemí no entra. Pero puede pensar que, si de todas maneras el referendo posterga la candidatura de Uribe para 2014 o para 2018, de pronto le resulta mejor esperar, u otra consulta. Aunque parezca irracional, lo m ás probable es que los dirigentes uribistas dejen pasar la oportunidad para que se concluya que el presidente no tiene reemplazo, y el gobierno siga perdiendo el tiempo buscando la fórmula para reelegirlo.
de los tanques a los carros tanques
No deja de ser una fragilidad inmensa para Colombia depender para el suministro de gasolina a lo largo de una frontera extensa y viviente de que el mercurial gobernante venezolano esté de buen o mal genio con nosotros.
Somos definitivamente países de bandazos. Hace pocos meses el presidente Uribe anunciaba que se disponía a acusar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a Hugo Chávez. Éste, a su turno, movilizaba amenazantes divisiones de tanques venezolanos hacia la frontera colombiana. Alcanzaron a escucharse tambores de guerra entre los dos países. Ahora las cosas han cambiado. La escalada verbal ha cedido frente al pragmatismo. Los presidentes se han reencontrado. Las sonrisas y los comunicados amables han reaparecido. Las relaciones se han distensionado. Cosa que está muy bien. Como una consecuencia de esta normalización la semana pasada PDVSA anunció que comenzaría a vender directamente a Ecopetrol cantidades considerables de gasolina para que ésta la distribuyera directamente en la frontera a través de las estaciones de servicio debidamente autorizadas. Y así ha sucedido. Ya comenzaron a llegar a la capital nortesantandereana los flamantes carrotanques de PDVSA. La gasolina subsidiada de origen venezolana está hoy, pues, distribuyéndose por los surtidores oficiales en vez de los conductos irregulares de los pimpineros y demás intermediarios informales. La fórmula parece buena. Formaliza el negocio de la distribución de gasolina a lo largo de la frontera. Alivia los fiscos de Norte de Santander y de Cúcuta que pueden volver a cobrar sus impuestos sobre los expendios de combustibles. Y permite de todas maneras que el galón de gasolina se venda oficialmente allí, más o menos, al 50% del precio que ese mismo galón tiene en el interior del país. O sea, los consumidores colombianos de la frontera continúan beneficiándose de un precio sensiblemente menos que el que rige en el interior. Todos salen beneficiados con la fórmula. Pero no debemos olvidar que desde el punto de vista geopolítico no deja de ser frágil -y en el fondo muy peligroso- que Colombia dependa en tan alta medida de los suministros de gasolinas subsidiadas venezolanas. Ya nos han cerrado el grifo en dos ocasiones durante los últimos años. La primera fue durante el incidente de Granda. La segunda con motivo de los desencuentros verbales Chávez-Uribe. O sea: no deja de ser una fragilidad inmensa para Colombia depender para el suministro de gasolina a lo largo de una frontera extensa y viviente (de cerca de 2.000 kilómetros) de que el mercurial gobernante venezolano esté de buen o mal genio con nosotros. De que sus momentáneos caprichos lo lleven a abrirnos o a cerrarnos intempestivamente los grifos de la gasolina. En el mundo moderno una de las seguridades que debe controlar todo gobierno -lo mismo que la de alimentos- es la energética. Está bien que con este acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol se estén dando pasos firmes para formalizar la distribución de combustibles en la frontera. Pero Ecopetrol tiene que estar preparado logísticamente para atender eficientemente con gasolina colombiana, en cualquier momento que sea necesario, los consumos de toda nuestra frontera. De lo contrario nos dejaríamos poner en la nuca un amenazante fusil de dependencia energética y diplomática. Acaso tan inquietante como los tanques que alcanzaron a desplegarse a lo largo de nuestra frontera no hace muchos días.
Somos definitivamente países de bandazos. Hace pocos meses el presidente Uribe anunciaba que se disponía a acusar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a Hugo Chávez. Éste, a su turno, movilizaba amenazantes divisiones de tanques venezolanos hacia la frontera colombiana. Alcanzaron a escucharse tambores de guerra entre los dos países. Ahora las cosas han cambiado. La escalada verbal ha cedido frente al pragmatismo. Los presidentes se han reencontrado. Las sonrisas y los comunicados amables han reaparecido. Las relaciones se han distensionado. Cosa que está muy bien. Como una consecuencia de esta normalización la semana pasada PDVSA anunció que comenzaría a vender directamente a Ecopetrol cantidades considerables de gasolina para que ésta la distribuyera directamente en la frontera a través de las estaciones de servicio debidamente autorizadas. Y así ha sucedido. Ya comenzaron a llegar a la capital nortesantandereana los flamantes carrotanques de PDVSA. La gasolina subsidiada de origen venezolana está hoy, pues, distribuyéndose por los surtidores oficiales en vez de los conductos irregulares de los pimpineros y demás intermediarios informales. La fórmula parece buena. Formaliza el negocio de la distribución de gasolina a lo largo de la frontera. Alivia los fiscos de Norte de Santander y de Cúcuta que pueden volver a cobrar sus impuestos sobre los expendios de combustibles. Y permite de todas maneras que el galón de gasolina se venda oficialmente allí, más o menos, al 50% del precio que ese mismo galón tiene en el interior del país. O sea, los consumidores colombianos de la frontera continúan beneficiándose de un precio sensiblemente menos que el que rige en el interior. Todos salen beneficiados con la fórmula. Pero no debemos olvidar que desde el punto de vista geopolítico no deja de ser frágil -y en el fondo muy peligroso- que Colombia dependa en tan alta medida de los suministros de gasolinas subsidiadas venezolanas. Ya nos han cerrado el grifo en dos ocasiones durante los últimos años. La primera fue durante el incidente de Granda. La segunda con motivo de los desencuentros verbales Chávez-Uribe. O sea: no deja de ser una fragilidad inmensa para Colombia depender para el suministro de gasolina a lo largo de una frontera extensa y viviente (de cerca de 2.000 kilómetros) de que el mercurial gobernante venezolano esté de buen o mal genio con nosotros. De que sus momentáneos caprichos lo lleven a abrirnos o a cerrarnos intempestivamente los grifos de la gasolina. En el mundo moderno una de las seguridades que debe controlar todo gobierno -lo mismo que la de alimentos- es la energética. Está bien que con este acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol se estén dando pasos firmes para formalizar la distribución de combustibles en la frontera. Pero Ecopetrol tiene que estar preparado logísticamente para atender eficientemente con gasolina colombiana, en cualquier momento que sea necesario, los consumos de toda nuestra frontera. De lo contrario nos dejaríamos poner en la nuca un amenazante fusil de dependencia energética y diplomática. Acaso tan inquietante como los tanques que alcanzaron a desplegarse a lo largo de nuestra frontera no hace muchos días.
la tardia demolicion de las piramides
¿Por qué hubo que esperar a que en un reciente consejo comunitario se denunciaran los hechos para que se tomaran medidas?
Me sorprendió la manera tardía como el gobierno resolvió actuar frente al fenómeno de las pirámides. Las pedreas de ciudadanos desesperados en Zipaquirá que se transmitieron recientemente por televisión son una patética imagen de lo que está sucediendo en todo el país. Las llamadas “pirámides” llevan más de dos años tumbando gente incauta a diestra y siniestra. Y lo que es más grave: lo vienen haciendo a la luz del sol, con avisos públicos, con colas de ingenuos al frente de sus dependencias, con denuncias de los medios de comunicación desoídas por las autoridades. Algunas dependencias gubernamentales adujeron inicialmente que no podía hacer nada dizque porque los contratos estaban redactados de tal manera que encubrían -bajo formas legales esquivas- la captación masiva del ahorro público. Después comenzó el juego de pelota entre ellas alegando cada una que no tenían claras competencias para actuar. Hace algunos días durante un consejo comunitario alguien parece que le mencionó el asunto al presidente Uribe. Y entonces ahí sí se prendieron las alarmas. En el mismo fragor del consejo comunitario el Presiente ordenó a sus ministros que actuaran para reprimir el abuso que se venía cometiendo con el ahorro público. Los ministros volaron a actuar -ahora sí- ante el apremio presidencial. Pero con dos años de tardanza. A propósito: ordenar esto en mitad de un consejo comunitario proporciona una idea de la manera improvisada como se vienen adoptando muchas políticas públicas en el país. Resulta interesante analizar el camino que escogió el gobierno para dar cumplimiento a la acalorada directiva presidencial. ¿Lanzando una inmediata redada contra los captadores ilegales de ahorro público? ¿Deteniendo a los cabecillas de las pirámides ampliamente conocidos? ¿Judicializando los casos ya denunciados de pirámides ilegales? ¿Incautando los bienes amasados por unos vivos? ¿Movilizando las autoridades encargadas de reprimir el lavado de activos? No: El gobierno reaccionó presentando un proyecto de ley. Prohibiendo lo que ya estaba prohibido. Y elevando unos cuantos meses las penas para quienes captan ahorro del público sin contar con permiso de autoridad competente. Desde el año 1982 se expidió el decreto 2920 por el cual la administración Betancur catalogó como delito la captación habitual y masiva del ahorro público. Esta norma ha sido modificada en varias ocasiones, la última de las cuales es el actual Código Penal que en su artículo 316 castiga con pena privativa de la libertad con un mínimo de 32 meses y un máximo de 108 meses la captación irregular de ahorro público. Lo que hace ahora el gobierno (en vez de actuar con base a la legislación que está vigente) es proponer un proyecto de ley por el cual se aumenta la pena mínima a 61 meses y la máxima a 144 meses. Y reiterar (lo que también ya está autorizado) que las autoridades encargadas de controlar el lavado de activos puedan investigar a quienes participen en las operaciones de las pirámides. Pero las preguntas obvias son: ¿Por qué, habiendo legislación vigente, abundante y perentoria frente a las pirámides, el gobierno no actuó contundentemente desde un comienzo? ¿Por qué hubo que esperar a que en un reciente consejo comunitario se denunciaran los hechos para que se tomaran medidas? ¿Y por qué, en vez de aplicar diligentemente la norma vigente del Código Penal, el gobierno prefiere remitir el problema al Congreso para que éste haga cambios a las leyes que están vigentes desde hace 26 años?
Me sorprendió la manera tardía como el gobierno resolvió actuar frente al fenómeno de las pirámides. Las pedreas de ciudadanos desesperados en Zipaquirá que se transmitieron recientemente por televisión son una patética imagen de lo que está sucediendo en todo el país. Las llamadas “pirámides” llevan más de dos años tumbando gente incauta a diestra y siniestra. Y lo que es más grave: lo vienen haciendo a la luz del sol, con avisos públicos, con colas de ingenuos al frente de sus dependencias, con denuncias de los medios de comunicación desoídas por las autoridades. Algunas dependencias gubernamentales adujeron inicialmente que no podía hacer nada dizque porque los contratos estaban redactados de tal manera que encubrían -bajo formas legales esquivas- la captación masiva del ahorro público. Después comenzó el juego de pelota entre ellas alegando cada una que no tenían claras competencias para actuar. Hace algunos días durante un consejo comunitario alguien parece que le mencionó el asunto al presidente Uribe. Y entonces ahí sí se prendieron las alarmas. En el mismo fragor del consejo comunitario el Presiente ordenó a sus ministros que actuaran para reprimir el abuso que se venía cometiendo con el ahorro público. Los ministros volaron a actuar -ahora sí- ante el apremio presidencial. Pero con dos años de tardanza. A propósito: ordenar esto en mitad de un consejo comunitario proporciona una idea de la manera improvisada como se vienen adoptando muchas políticas públicas en el país. Resulta interesante analizar el camino que escogió el gobierno para dar cumplimiento a la acalorada directiva presidencial. ¿Lanzando una inmediata redada contra los captadores ilegales de ahorro público? ¿Deteniendo a los cabecillas de las pirámides ampliamente conocidos? ¿Judicializando los casos ya denunciados de pirámides ilegales? ¿Incautando los bienes amasados por unos vivos? ¿Movilizando las autoridades encargadas de reprimir el lavado de activos? No: El gobierno reaccionó presentando un proyecto de ley. Prohibiendo lo que ya estaba prohibido. Y elevando unos cuantos meses las penas para quienes captan ahorro del público sin contar con permiso de autoridad competente. Desde el año 1982 se expidió el decreto 2920 por el cual la administración Betancur catalogó como delito la captación habitual y masiva del ahorro público. Esta norma ha sido modificada en varias ocasiones, la última de las cuales es el actual Código Penal que en su artículo 316 castiga con pena privativa de la libertad con un mínimo de 32 meses y un máximo de 108 meses la captación irregular de ahorro público. Lo que hace ahora el gobierno (en vez de actuar con base a la legislación que está vigente) es proponer un proyecto de ley por el cual se aumenta la pena mínima a 61 meses y la máxima a 144 meses. Y reiterar (lo que también ya está autorizado) que las autoridades encargadas de controlar el lavado de activos puedan investigar a quienes participen en las operaciones de las pirámides. Pero las preguntas obvias son: ¿Por qué, habiendo legislación vigente, abundante y perentoria frente a las pirámides, el gobierno no actuó contundentemente desde un comienzo? ¿Por qué hubo que esperar a que en un reciente consejo comunitario se denunciaran los hechos para que se tomaran medidas? ¿Y por qué, en vez de aplicar diligentemente la norma vigente del Código Penal, el gobierno prefiere remitir el problema al Congreso para que éste haga cambios a las leyes que están vigentes desde hace 26 años?
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